Yasmín Esquivel Mossa propone justicia para personas olvidadas
La candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, consolidó este fin de semana una gira de trabajo que enlazó la capital del país con la costa del Pacífico para insistir en un mensaje que atraviesa todas sus intervenciones: sin justicia no hay paz y la única forma de recuperarla es involucrando al electorado en la histórica elección judicial del próximo 1 de junio.
Desde Mazatlán, la candidata expuso que los órganos jurisdiccionales federales se encuentran hoy distantes de las necesidades sociales. Señaló que el actual sistema judicial ha sido atrapado por el nepotismo y la opacidad, lo que ha deteriorado su legitimidad ante la población.
Para revertir esta crisis de confianza, Esquivel Mossa explicó que la reforma al Poder Judicial —que será validada por la ciudadanía en las urnas— propone cinco compromisos esenciales: la elección democrática de jueces, la austeridad en el gasto público, la transparencia en la gestión, la equidad de género en los cargos y la reducción de la mora judicial.
En Sinaloa, esta transformación se reflejará en la renovación de 44 cargos, en una contienda donde participan 198 aspirantes.
Previo a su visita a la costa, la aspirante recorrió mercados, plazas y zonas emblemáticas de la Ciudad de México. En Coyoacán, Álvaro Obregón y Tlalpan dialogó con vecinos sobre la urgencia de una justicia más empática y accesible.
En la capital, la magnitud de la elección será aún mayor: 913 aspirantes compiten por 187 cargos judiciales, en un proceso inédito por su amplitud y profundidad democrática.
Esquivel Mossa subrayó que esta reforma no tendrá sentido si no cuenta con la participación informada del electorado. Por ello, insistió en que la sociedad debe ser protagonista en la reconstrucción de un sistema que responda a su contexto y urgencias.
A su juicio, democratizar al Poder Judicial no significa debilitarlo, sino hacerlo más fuerte a través de la legitimidad popular, el profesionalismo y el compromiso ético.
Durante los encuentros con ciudadanos, la candidata fue clara: los privilegios en la alta judicatura deben terminar. Propuso salarios y prestaciones moderadas y sometidas al escrutinio público, así como una política de cero tolerancia a la corrupción.
Además, reiteró que la equidad de género ya no puede seguir siendo una promesa, sino una realidad estructural en la composición de los órganos de justicia.
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