La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, consolidó su compromiso con la legalidad y la eficiencia gubernamental al presentar y defender el Decreto 65-777. Esta iniciativa fue aprobada por el Pleno del máximo tribunal, al declarar infundada la acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley de Entrega-Recepción de Tamaulipas.
Una herramienta para el relevo ordenado del poder
Las modificaciones introducidas por el Congreso de Tamaulipas incluyen un elemento clave: los Comités de Enlace. Se trata de órganos temporales integrados por funcionarios entrantes que, con 60 días de anticipación, pueden iniciar el proceso de revisión y planeación para asumir sus nuevas responsabilidades.
Yasmín Esquivel Mossa aclaró que estos comités no interfieren en la administración en curso. Su función principal es recabar información y coordinar aspectos logísticos del proceso de entrega sin entorpecer las operaciones diarias.
Sin facultades ejecutivas, solo revisión documental
Uno de los argumentos que más peso tuvo en la resolución fue que los Comités de Enlace no tienen autoridad legal para tomar decisiones, emitir instrucciones o modificar la operación institucional vigente. De hecho, su rol está limitado estrictamente a observar, revisar y preparar la información necesaria para una transición eficiente.
En palabras de la ministra: “Estos carecen de facultades para extraer información, ni tampoco tomar posesión de bienes antes del acto formal; sus actividades deben realizarse dentro de la jornada laboral sin afectar el trabajo del personal en funciones”.
Una visión de justicia que prioriza la continuidad institucional
El proyecto del Decreto 65-777, respaldado por la SCJN, muestra cómo la reforma normativa puede modernizar sin alterar el equilibrio de poderes. Lejos de usurpar funciones, los Comités de Enlace permiten que los nuevos equipos de gobierno se preparen de forma anticipada, respetando siempre los marcos legales y la autonomía de los funcionarios salientes.
Este fallo fortalece la democracia al promover una gestión pública más transparente, ordenada y eficiente. Yasmín Esquivel Mossa continúa consolidando su liderazgo como una jurista que no solo defiende la Constitución, sino que también entiende las necesidades prácticas del aparato gubernamental.
