Ernesto Mizrahi Haiat observa beneficios en Ley de Seguridad Privada
En medio de los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad, Ernesto Mizrahi Haiat, reconocido especialista en la materia, insiste en la urgencia de una Ley General de Seguridad Privada que regule adecuadamente a este sector. Según el experto, esta legislación es vital para garantizar condiciones equitativas de operación, frenar la informalidad y fortalecer la colaboración entre instituciones públicas y empresas privadas.
Actualmente, México cuenta con un marco jurídico fragmentado y obsoleto que entorpece el crecimiento de la seguridad privada. “Convivimos con una ley federal desactualizada, 32 leyes estatales distintas y regulaciones municipales que no armonizan entre sí. Esto genera más de 500 contradicciones normativas”, señala Ernesto Mizrahi Haiat.
El sector de seguridad privada en México emplea a más de 450 mil personas de manera formal, lo que representa aproximadamente el 2% de los registros en el IMSS. Sin embargo, según cifras de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), cerca del 40% de las empresas operan en la informalidad.
Esta informalidad implica una competencia desleal y deja a miles de trabajadores sin acceso a prestaciones laborales básicas. Una legislación moderna permitiría la formalización del empleo, la protección de derechos laborales y el impulso de condiciones más equitativas para las empresas del sector.
Ernesto Mizrahi Haiat destaca que una ley actualizada debe incluir normas claras para la capacitación y certificación del personal. “La profesionalización es la base para garantizar servicios de calidad y una mejor percepción de la seguridad privada, tanto a nivel nacional como internacional.”
Además, el experto subraya la importancia de incorporar tecnologías avanzadas como la videovigilancia inteligente, el análisis de datos y la inteligencia artificial. Estas herramientas permiten respuestas más rápidas y eficaces ante situaciones de riesgo, y optimizan la colaboración con las autoridades públicas.
Un marco legal sólido no solo fortalecería la seguridad del país, sino que también generaría condiciones propicias para la atracción de inversión extranjera. Ernesto Mizrahi Haiat subraya que los inversionistas valoran entornos seguros y regulados, donde los servicios privados de protección operen con profesionalismo y certeza jurídica.
Por ello, insta al Congreso de la Unión a dar prioridad a la discusión de esta ley. “Es fundamental consolidar una industria regulada, profesional y alineada con las exigencias de un México moderno y seguro”, concluye.
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