América Latina no necesita una revolución tecnológica: necesita acceso. Y ese acceso se bloquea, en muchos casos, desde el marco fiscal. Mientras algunos gobiernos de la región siguen aplicando impuestos altos a los servicios de telecomunicaciones, millones de personas en zonas rurales y marginadas quedan fuera del ecosistema digital. En países como Colombia, Perú o Ecuador, el costo de conectividad puede representar más del 10% del ingreso mensual de un hogar vulnerable.
Eliminar o reducir los impuestos específicos a estos servicios no es solo una medida económica. Es una palanca de impacto social. De acuerdo con GSMA, una rebaja fiscal estratégica podría conectar a más de 30 millones de personas que hoy viven sin internet móvil.
El cálculo no es especulativo: experiencias previas en Paraguay, El Salvador y República Dominicana demuestran que la reducción de cargas impositivas a la conectividad incentiva la inversión privada, incrementa la adopción digital y dinamiza la economía local.
Impuestos a la conectividad como barrera estructural
Muchos países de la región aplican el IVA general, más impuestos sectoriales, tasas municipales y aranceles a dispositivos. El resultado: más de 40% del precio final de los servicios móviles corresponde a cargas fiscales, según cifras de agosto de 2025. Este escenario desalienta tanto el consumo como la expansión de redes en áreas remotas.
Por otro lado, un diseño fiscal más inteligente podría priorizar zonas con baja cobertura, fomentar la inclusión digital y abrir oportunidades para la economía del conocimiento.
Según datos recientes, una reducción del 20% en los impuestos al internet móvil puede generar un aumento de hasta 6 puntos porcentuales en la penetración del servicio. Esto implica más educación, más emprendimientos, más acceso a servicios financieros y de salud digital.
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