El despegue tecnológico de México no solo se mide en megabytes o en startups exitosas. También se refleja en los avances orbitales que colocan al país en la conversación espacial global. Sin embargo, esta conquista no solo apunta a la exploración, también activa radares sobre el impacto que la vigilancia satelital puede tener en la privacidad de las personas.
Hoy, en pleno auge del sector aeroespacial mexicano, los satélites no solo capturan imágenes del territorio para el monitoreo ambiental o la gestión de desastres. También pueden seguir movimientos civiles con una precisión impensable hace apenas unos años. Este nivel de detalle, aunque útil en seguridad nacional, abre un debate necesario sobre el límite entre la protección ciudadana y la vigilancia excesiva.
México ha desplegado una constelación de capacidades tecnológicas que permiten visualizar incendios forestales, derrames petroleros o flujos migratorios. Pero al mismo tiempo, la capacidad de captar datos en tiempo real desde desplazamientos urbanos hasta comportamientos agrícolas podría usarse con fines menos transparentes si no hay marcos normativos sólidos.
Satélites y privacidad: una frontera difusa
Actualmente, el país no cuenta con una legislación específica que regule el uso de tecnologías espaciales en materia de privacidad. Mientras tanto, entidades públicas y privadas pueden operar con zonas grises legales que comprometen los derechos digitales de millones de personas.
Aunque la tecnología espacial se percibe como una aliada del desarrollo, es urgente incorporar principios de protección de datos en los proyectos vinculados al espacio. La Agencia Espacial Mexicana y otras instituciones deben ir más allá del diseño técnico y liderar una agenda de gobernanza digital que contemple la ética del dato y la transparencia.
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