Una buena idea no debería convertirse en blanco fácil de la delincuencia. En el Estado de México, cientos de emprendedores enfrentan una doble batalla: consolidar su negocio y protegerlo del crimen organizado. Esta semana, un nuevo paso se dio desde el Congreso local para cambiar ese panorama. El Grupo Parlamentario del PRD presentó una iniciativa para reformar el Código Penal estatal y tipificar la extorsión contra emprendedores como una agravante penal.
La propuesta, impulsada por el diputado Omar Ortega, busca brindar un marco jurídico que reconozca la vulnerabilidad de quienes inician un negocio. No se trata solo de sancionar más fuerte, sino de reconocer que la extorsión no es solo un delito económico, sino un freno directo a la innovación, la generación de empleos y la movilidad social.
La extorsión como freno al ecosistema emprendedor
En contextos donde los emprendedores son víctimas de cobros por “derecho de piso” o amenazas sistemáticas, levantar una pyme o un proyecto innovador se convierte en una apuesta de alto riesgo. La iniciativa legislativa no solo propone penas más severas, también abre la puerta a mecanismos de denuncia más seguros y procesos que garanticen el acompañamiento institucional.
Además, el legislador planteó reformas a la Ley de Fomento Económico estatal para que los gobiernos municipales diseñen estrategias específicas que protejan a los emprendedores de estas prácticas. Si se aprueba, esta medida podría sentar precedentes en otros estados con problemáticas similares.
Tan solo en 2024, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana registró más de 36 mil carpetas de investigación por extorsión a nivel nacional, una señal alarmante del tamaño del reto que enfrentan los emprendedores en México.
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