La minería en México tiene todo para despegar, pero sigue atrapada en modo espera. Hoy, cuatro proyectos de gran tamaño mantienen congelados cerca de 4,000 millones de dólares en inversiones, principalmente para producir oro y plata. La expectativa del sector apunta a junio como el mes clave para que las autoridades federales destraben los permisos y arranque la operación.
Estos desarrollos están ubicados en Baja California, Zacatecas y Chihuahua. La infraestructura ya está lista y el interés de los inversionistas sigue firme. Además, la demanda global de minerales estratégicos empuja a favor. Sin embargo, el ritmo se frena cuando el marco regulatorio cambia sin señales claras. En consecuencia, el capital se queda en pausa aunque el potencial esté probado.
La incertidumbre regulatoria frena inversiones mineras listas para operar
La falta de leyes secundarias tras la reforma a la Ley Minera aprobada en 2023 mantiene al sector en un punto muerto. También pesa la lentitud para reactivar permisos desde la Secretaría de Economía y la Semarnat. Sin concesiones nuevas, la exploración pierde sentido. De igual manera, cuando se corta la exploración, se rompe la cadena completa de desarrollo.
Además, la inseguridad aparece como un riesgo operativo directo. El sector advierte sobre extorsión y presencia de delincuencia organizada en algunas zonas, lo que complica la ejecución incluso en regiones con alto potencial. Por otro lado, esta combinación de incertidumbre e inseguridad hace que México compita con desventaja frente a países que sí ofrecen reglas estables.
La minería mexicana todavía no recupera el nivel previo a la pandemia. En 2025, la actividad minera registró una contracción anual de 0.9%, de acuerdo con cifras del Inegi. Asimismo, el sector minero metalúrgico representa casi 4% del PIB nacional, lo que vuelve urgente cualquier ajuste que reactive inversiones y producción.
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