Controlar el crecimiento salarial en México podría parecer una jugada para evitar incendios económicos, pero también puede estar apagando fuegos de oportunidad. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) ha propuesto establecer un tope al aumento de sueldos, lo que ha encendido el debate sobre sus efectos en el bolsillo y en la estabilidad financiera del país.
El plan consiste en que los incrementos anuales no superen el 10%, especialmente tras los ajustes recientes al salario mínimo, que ha crecido más de 110% desde 2018. La intención es evitar presiones inflacionarias y conservar márgenes de competitividad. Pero la pregunta inevitable es: ¿se está protegiendo la economía o postergando una deuda social?
Un ajuste que genera tensión
El Banco de México y la Secretaría de Hacienda ya encendieron las alertas. Si bien los aumentos salariales buscan justicia económica, podrían poner en riesgo metas de inflación, afectar la inversión privada y distorsionar costos operativos en industrias clave. El dilema se intensifica cuando estos límites se plantean en un entorno donde aún persisten brechas salariales y laborales.
De igual manera, organismos internacionales como la OCDE han advertido que un control agresivo de salarios podría frenar el dinamismo interno. El consumo, uno de los motores que ha sostenido el crecimiento postpandemia, depende directamente del poder adquisitivo.
El sector privado, especialmente las Pymes, teme que sin claridad ni gradualidad, estos techos afecten la planeación y retención de talento. Por otro lado, los sindicatos reclaman una estrategia más integral, que no bloquee avances laborales. En este terreno, el equilibrio parece tan frágil como urgente.
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