En un contexto donde la competitividad regional exige estándares laborales homogéneos, la transformación del sindicalismo mexicano comienza a adquirir relevancia estratégica para el entorno empresarial y comercial de Norteamérica.
Alejandro Martínez Araiza, líder del Sindicato Nacional de Acreditación Certificada (SNAC), ha emprendido una ruta de vinculación directa con sindicatos clave en Estados Unidos —como AFL-CIO y Teamsters—.
Su objetivo, posicionar al sindicalismo mexicano como un actor legítimo en la construcción de un mercado laboral más equitativo y funcional.
Durante una gira reciente en Washington D.C., Martínez Araiza enfatizó que el nuevo sindicalismo debe operar bajo principios de transparencia, autonomía y uso eficiente de tecnologías para representar con legitimidad los intereses de los trabajadores.
«No se trata solo de cumplir con la ley, sino de construir confianza en la interlocución laboral», afirmó el dirigente del SNAC.
La visión de Alejandro Martínez Araiza
La reforma laboral de 2019 abrió paso a nuevos modelos sindicales que hoy comienzan a tener visibilidad internacional.
El SNAC representa esta nueva generación de organizaciones que apuestan por estructuras democráticas, desvinculadas de los intereses políticos tradicionales, y con plataformas digitales que promueven la participación activa de sus agremiados.
Esta visión cobra particular relevancia si se considera que más del 70% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos.
La certidumbre laboral, en este sentido, no solo es un asunto de derechos humanos, sino una variable crítica para mantener la estabilidad en las cadenas de suministro y la atracción de inversión extranjera directa.
La propuesta del SNAC y Alejandro Martínez Araiza —centrada en tecnología, transparencia y cooperación transfronteriza— busca reforzar la gobernanza laboral como un componente de valor en la integración económica de la región.
Para el sector empresarial, comprender esta evolución no es opcional. Un entorno sindical moderno y legítimo no solo mitiga riesgos reputacionales y legales, sino que también favorece relaciones laborales más productivas y alineadas con los requerimientos del T-MEC.
