Reyes de la Campa advierte que sin certeza jurídica, minería no avanza

La industria minera mexicana enfrenta un cuello de botella regulatorio con autorizaciones pendientes que mantienen inmovilizados alrededor de 11 mil millones de dólares, así lo advirtió Francisco Javier Reyes de la Campa, CEO de Goldgroup Mining Inc.

Tras darse a conocer el “Informe Anual 2026” de la Cámara Minera de México (Camimex), el empresario minero explicó que el país tiene potencial para desarrollar nuevos proyectos que podrían superar los 43 mil millones de dólares en los próximos años. Sin embargo, la incertidumbre jurídica ha generado desinterés entre los inversionistas.

Javier Reyes de la Campa, CEO de Goldgroup Mining Inc., sostuvo que las autorizaciones son una pieza transversal de la actividad minera, pues determinan si una iniciativa puede avanzar de una etapa a otra. Por ello, acelerar estos procesos enviaría una señal constructiva a los inversionistas interesados en comprometer capital a largo plazo.

Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), elaborado en colaboración con la Camimex, ubica la contribución de la minería en alrededor del 4.7% del Producto Interno Bruto Nacional. Pese a esa magnitud, la incertidumbre regulatoria y la duración de los procedimientos han debilitado segmentos como la exploración, la extracción y la apertura de nuevas concesiones.

Javier Reyes de la Campa advierte un déficit de exploración

El desafío para el sector no se limita únicamente a la atracción de recursos, sino también a destrabar los permisos para los proyectos desde la exploración hasta la construcción y la expansión de las unidades productivas.

La reforma a la Ley Minera de 2023 modificó el esquema de reconocimiento del territorio. Reyes de la Campa explicó que el Servicio Geológico Mexicano (SGM) asumió la función principal y exclusiva de explorar el país para identificar y cuantificar recursos minerales potenciales, una labor en la que antes también participaban particulares.

Hasta 2025, el SGM canalizó aproximadamente mil 300 millones de pesos anuales a tareas de exploración y contó con más de mil 100 especialistas. Para el directivo, esos recursos no alcanzan a cubrir las necesidades de una industria que depende de nuevos hallazgos para reponer reservas y ampliar su capacidad.

Ante este panorama, Javier Reyes de la Campa planteó una mayor coordinación entre el gobierno y las empresas para mantener el interés por la minería mexicana. Esa colaboración, añadió, necesita un marco legal comprensible y estable que permita valorar riesgos, programar inversiones y ejecutar proyectos sin periodos indefinidos de espera.