Cuando una pyme cierra sus puertas, no siempre es por falta de ideas o de talento. En muchos casos, es simplemente porque el dinero no llega a tiempo. En México, el 28% de las pequeñas y medianas empresas espera más de 90 días para cobrar sus facturas. Tres meses de espera pueden marcar la diferencia entre avanzar o desaparecer.
Este retraso, más que una molestia administrativa, se convierte en una amenaza directa para la operación diaria. Las pymes dependen del flujo constante de efectivo para pagar nóminas, comprar insumos, cumplir con impuestos y, en general, seguir funcionando. Si los ingresos se retrasan, todo el ecosistema se tambalea.
El retraso en pagos y su impacto silencioso
De acuerdo con el informe más reciente de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), presentado en noviembre de 2025, el 84% de las pymes mexicanas ha enfrentado retrasos en los pagos por parte de sus clientes. El problema no es nuevo, pero sí se ha agudizado con la volatilidad económica. Lo preocupante es que el 35% de estas empresas señala que esos retrasos han afectado su operación de forma grave.
Además, muchas veces los grandes corporativos o entes gubernamentales establecen condiciones de pago que terminan asfixiando al proveedor más pequeño. Mientras el gran cliente “optimiza su liquidez”, la pyme se queda sin oxígeno.
El panorama exige soluciones estructurales. Algunas pymes están optando por herramientas de financiamiento basado en cuentas por cobrar, mientras otras presionan por leyes que obliguen a pagos en plazos razonables. También surgen plataformas que digitalizan el proceso de facturación y cobranza, acortando el ciclo de pago.
