En una carta dirigida a diputados y senadores, organizaciones advierten que las modificaciones a la regulación fiscal contenidas en el Paquete Económico 2021 impondrían requisitos discriminatorios a la economía digital.
Los destinatarios de la misiva son el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila; al presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, Alejandro Armenta; el presidente de la Comisión de Presupuesto y Deuda Pública de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo y a la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas Baca. Además se remitió una copia de la carta al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, y a la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena.
La Asociación de Internet MX, Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), ACT | The App Association, la American Chamber of Commerce in Canada, la American Chamber of Commerce of Mexico, A.C., la Canadian Chamber of Commerce, la Coalition of Services Industries, la Computer & Communications, Industry Association (CCIA), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C., la Information Technology Industry Council (ITI), la International Chamber of Commerce México, la Internet Association, la Software & Information Industry Association (SIIA) y la U.S. Chamber of Commerce son el conjunto de organizaciones que firman la carta.
En ella, advierten que las modificaciones a la regulación fiscal contenidas en el Paquete Económico 2021 impodrían requisitos discriminatorios a la economía digital. Hacen referencia al artículo 18-H BIS de la Ley del Impuesto al Valor Agregado el cual incluye «una orden de bloqueo con la cual se suspendería la conexión a Internet a las entidades no residentes que prestan servicios a clientes mexicanos por causa del incumplimiento de las leyes fiscales de México».
De acuerdo con las organizaciones, esta nueva disposición es incompatible con obligaciones comerciales de México, como es el Tratado Comercial entre Mexico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y con las leyes mexicanas y exponen el caso del artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2014, que prohíbe cualquier acción que intente bloquear o filtrar internet, algo que también afecta el derecho de la acceso a la sociedad de la información, que protege el Artículo 6 constitucional.
Adelantan que debido a los retos que ha impuesto el nuevo sistema tributario en México, muchas empresas o prestadores de servicio que no residen en el país y que no cobran por sus servicios no podrán cumplir con las nuevas obligaciones con lo que prevén que haya un «número significativo de bloqueos como resultado de esta disposición».
«La orden de bloqueo ya había sido propuesta y rechazada en el análisis del Presupuesto 2020, ya que los miembros del Congreso de la Unión reconocieron el grave impacto negativo que tendría en el ecosistema digital en México. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) mexicanas dependen de los servicios digitales para conectarse con sus clientes, crear nuevos negocios, mejorar sus operaciones y almacenar su información de una manera segura. Bloquear dichos servicios, incluyendo las herramientas gratuitas de mercadotecnia y publicidad, dificultará aún más que las PYMES mexicanas puedan competir en el mercado global y socavará el Internet libre y abierto, el cual es la piedra angular para lograr el crecimiento digital de México», asentaron.
Las organizaciones rematan su misiva aduciendo que el gobierno federal no ha justificado la necesidad de esta medida, sobre todo cuando, aseguran, hay otros modelos que garantizan el cumplimiento de la ley fiscal sin perjudicar «el interés económico de México». Ponen el ejemplo de Chile, que permitiría, advierten, «incrementar considerablemente el número de entidades que registran, recaudan y remiten impuestos en nombre de los consumidores locales. Proponen tambien el modelo de los intermediarios financieros como una forma para que las entidades que no residen en México puedan cumplir con sus obligaciones fiscales.
Por lo que proponen derogar el Artículo 18-H BIS de la Ley del IVA y establecer un mecanismo de trabajo con la Secretaría de Hacienda con el fin de implementar «medidas más efectivas para garantizar el cumplimiento de la ley fiscal».
«Nuestras organizaciones continúan valorando profundamente nuestras relaciones con el gobierno mexicano y están dispuestas a colaborar con ustedes para resolver este urgente asunto».
Las regulaciones fiscales en torno a plataformas digitales como Google, Facebook, Amazon, pero también en torno a Uber, Rappi y Airbnb fueron introducidas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, como parte del Paquete Económico para este 2020. Estas medidas incluyeron el cobro de IVA y la retención del ISR para los usuarios de estas plataformas, que a partir de junio de 2020 han tenido que ver cómo servicios como Netflix, Mercado Libre y Spotify suben de precio a causa de estos impuestos.
